Las autoridades y servidores públicos de todos los Órganos, Instituciones Públicas,

Entidades Territoriales Autónomas (gobernaciones, alcaldías) y la sociedad tienen la obligación de hacerla cumplir la Ley 348 bajo responsabilidad penal, civil y administrativa, según lo señala el Artículo 5 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres un Vida Libre de Violencia.